EthiFinance Ratings mantiene la calificación de España en A- pero mejora la tendencia de ‘en Observación’ a ‘Estable’

En su revisión del mes de febrero EthiFinance Ratings mantiene la calificación no solicitada del Reino de España en A- con mejora de tendencia desde ‘en Observación’ a ‘Estable’.

Este cambio tiene como base el mayor crecimiento de la economía española durante el pasado ejercicio de 2022 (del 5,5% frente al 4,3% esperado), evitando la recesión durante el último trimestre, así como la desaceleración de las tensiones inflacionistas y una coyuntura de los mercados energéticos más favorable de lo esperado. No obstante, ambos factores están muy ligados a la situación geopolítica lo que supone un factor de incertidumbre que podría poner en riesgo las actuales previsiones.

En línea con lo anterior, el informe apunta a que el impacto de los elevados precios que se produjo durante el pasado ejercicio, así como la subida de los tipos de interés ya están empezando a trasladarse tanto al consumo de los hogares como a la inversión lo que representa una de las principales limitaciones al crecimiento económico del país para este ejercicio. A este respecto, la agencia europea de calificación crediticia prevé que el PIB de España cierre 2023 en el 1,1%, ocho décimas menos que en la revisión del mes de septiembre. No será hasta 2024 cuando se vuelva a alcanzar la barrera del 2%. “Si bien señalamos que la incertidumbre de este escenario es alta y muy ligada la situación geopolítica actual, con significantes riesgos a la baja. Así, pese a la normalización en los mercados energéticos que comienza a incidir a la baja sobre los precios, la inflación se mantiene elevada. Además, preocupa la persistencia de la inflación subyacente, manteniendo una tendencia alcista, lo que confirma ciertos efectos de transmisión del aumento de los precios de algunas materias primas durante 2021 y 2022”.

En este sentido, las previsiones de inflación que maneja EthiFinace Ratings apuntan a un aumento de los precios del 4,3% a finales de este año, frente al 8,4% de 2022. Y advierten de que “la subida de precios está afectando a todos los países de la Unión Europea (UE) de forma similar, por lo que estimamos que pesará sobre la demanda interna y externa, así como sobre la producción”.

A lo anterior, se añade la decisión del Banco Central Europeo (BCE) de mantener la actual política monetaria, lo que implicará nuevas subidas de tipos de interés como herramienta para contener la escalada de los precios “lo que supone otro de los factores limitantes al crecimiento”.

La calificación valora la evolución “positiva” del empleo, favorecido por la Reforma Laboral aprobada el pasado mes de marzo que ha impulsado la contratación indefinida, reduciendo a su vez la temporalidad y mejorando las cifras de afiliación. Así, se prevé que el ejercicio de 2023 culmine con una tasa de paro en el entorno del 13%. No obstante, “continúa siendo muy elevada en comparación con otras grandes economías de la Eurozona”. Este hecho se atribuye a la persistencia de los problemas estructurales que presenta el mercado laboral en España.

A lo anterior, tal y como se viene observando en anteriores informes se añade la notable tasa de dependencia, que junto con el bajo crecimiento de la población representan “una de las principales limitaciones de nuestra calificación, además de suponer un riesgo futuro para la sostenibilidad de las finanzas públicas”. Hecho, este último, que “se ha acentuado tras la última reforma del sistema de pensiones, en la que éstas se indexaron al IPC”.

Riesgos para el sector exterior pero mejora de las finanzas públicas

Tal y como se apuntaba en el informe del mes de septiembre, si bien el sector exterior continuará siendo uno de los pilares para la economía española, se está viendo afectado por el aumento generalizado de los precios y, especialmente, el deterioro del déficit energético, “siendo la subida de las exportaciones de servicios por el turismo insuficientes para paliar el incremento de las importaciones”, se apunta en el informe. Así, a pesar de que se mantendrá la situación actual de superávit, este se recortará hasta el 0,5% del PIB en 2022 para normalizarse en 2023 y 2024, años para los que se prevé un incremento de tres y cinco décimas, hasta el 0,8% y el 1%.

Por otra parte, la calificación tiene en cuenta la mejora de la Posición de Inversión Internacional (PII) neta, que “se dio tanto por el efecto positivo del crecimiento del PIB, como por los efectos de valoración y otros ajustes financieros, mejorando la valoración de los activos en el extranjero”, aclara el informe.

Esta misma tendencia se replica en los niveles de deuda externa bruta hasta el 178,9% del PIB en el tercer trimestre de 2022, niveles casi diez puntos por encima de los registrados antes del estallido de la pandemia y que suponen un “riesgo a la baja” para el sector exterior español, “especialmente si tenemos en cuenta el endurecimiento de las condiciones de financiación”. A pesar de ello, la citada deuda se encontraría más aislada de shocks exógenos por establecerse a largo plazo, tipo de interés fijo y denominarse en euros.

En lo relativo a las posiciones fiscales, la calificación valora de forma positiva el proceso de consolidación fiscal llevado a cabo por el Gobierno de España en los últimos años. Con una mejora gradual de los niveles de déficit y deuda públicos. Aún así éstos “se mantienen en valores elevados lo que hacen necesarias mayores medidas de ajuste a medio plazo”.

En términos de déficit, EthiFinance Ratings mejora las previsiones con respecto al ejercicio de 2022 en cinco décimas. Así el ejercicio cerrará con un negativo del -4,5%, tanto por la mejor evolución de la economía española de lo esperado como por el efecto de la subida de precios sobre la recaudación fiscal y la retirada de algunos estímulos fiscales relacionados con el COVID-19. Para este ejercicio, se recoge un menor ritmo de corrección, hasta el -4,1%, explicado por un mayor avance del gasto público. Este avance responde en parte la indexación de las pensiones al IPC, el aumento de los salarios de los trabajadores del sector público y otras medidas para los hogares y empresas, aunque esto se verá parcialmente compensado por algunas medidas fiscales extraordinarias.

Asimismo, desde la agencia europea de calificación crediticia destacan “el mantenimiento de elevados déficits estructurales (-3,6% en 2023 y -3,4% en 2024 por la Comisión Europea) los que hace necesario adoptar mayores medidas de ajuste fiscal en el futuro”. Esta situación obliga “a la retirada gradual de los impulsos fiscales, a fin de no entrar en conflicto con la política monetaria y que conduzca a las finanzas públicas hacia niveles más sostenibles, reduciendo su exposición a shocks externos”.

Pese a que se prevé una mejora del nivel de deuda pública a cierre de 2022 hasta el 113,1%, el informe apunta que “la deuda prosigue su aumento en términos absolutos, exponiéndola a posibles fluctuaciones de materializarse nuevamente caídas del PIB”. Por otra parte la subida de tipos de interés representa un riesgo potencial para el perfil de deuda española a través del coste de la misma. Lo anterior quedaría parcialmente compensado por el aumento de la recaudación y el incremento del periodo medio de vencimiento hasta ocho años, ralentizando el impacto de un incremento en el rendimiento de los bonos sobre el gasto en intereses.

En referencia al perfil de liquidez de España se mantiene con respecto a la revisión del pasado mes de septiembre, con unos activos financieros líquidos del 14,8% del PIB y 14,1% en 2022 y 2023 respectivamente según el FMI.

El informe menciona también la situación del sistema financiero español, que ha conseguido contener el incremento de la tasa de morosidad en niveles del 3,7%. Sin embargo, desde EthiFinance Ratings aclaran que estas cifras “se encuentran influídas por los avales estatales recogidas en el plan de ayudas COVID-19, que posteriormente se han ido extendiendo a otros sectores que se han visto más afectados por la guerra entre Rusia y Ucrania, si bien el periodo de carencia de alguno de ellos ya habría vencido”, lo que podría lastrar los buenos resultados obtenidos hasta ahora.

Por otro lado, tanto el alto nivel de endeudamiento con respecto al PIB así como la baja rentabilidad limitan la calificación del sector financiero, aunque se espera una mejora de esta última debido al impacto la subida de los tipos de interés en los balances.

ESG y marco institucional

La calificación de EthiFinance Ratings valora positivamente los avances en materia ESG (Environmental, Social and Governance) realizados por España en los últimos años, entre ellos la primera emisión de bonos soberanos por valor de 5.000 millones de euros. Asimismo, entre las condiciones para la recepción de Fondos Europeos se encuentra que una gran proporción se destine a inversiones verdes, “lo que debe garantizar una evolución favorable en el compromiso medioambiental del país”.

No obstante, existen “ciertos sesgos a la baja”, como el incumplimiento de algunas leyes medioambientales de la Unión Europea y el hecho de que el país es uno de los más expuestos al cambio climático dentro de la UE. Además, con un total de 26, España es el Estado miembro con más expedientes abiertos por infracción de las leyes medioambientales de la UE. Asimismo, el Índice de Riesgo Climático Global 2021 -que mide la vulnerabilidad de un país ante el cambio climático- indica que España se encuentra en la posición 32 de todos los países del mundo.

Por otra parte, España tiene una alta dependencia energética, con importaciones netas de energía que suponen el 67% del total de la energía consumida, sólo por detrás de Italia (73%). Pese a ello, la calificación valora el elevado mix eléctrico descarbonizado de España, donde el 42% de la electricidad procede de las renovables.

A nivel social, desde la agencia europea de calificación valoran positivamente el estado de bienestar español, que otorga una serie de garantías sociales a toda la población. No obstante, el informe pone el acento en el aumento de la desigualdad entre España y el resto de los países de la Unión Europea, debido al mayor impacto del COVID-19. Aún así, la nueva subida del salario mínimo interprofesional hasta los 15.120 euros brutos anuales en 2023 aprobada por el Gobierno de España, podría reducir la diferencia de ingresos entre el país y la media de la UE, así como favorecer la igualdad dentro del propio país.

En relación con el marco institucional, pese a que, en líneas generales obtiene una valoración positiva por su solidez, el informe advierte de factores como la descentralización política que pueden afectar a la evolución del país a medio plazo ya que “restan eficiencia y agilidad a las políticas públicas”. En este punto se espera que el hecho de que gran parte de las inversiones del Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia se canalicen a nivel regional “no suponga un lastre para la eficacia de su implementación”.

Asimismo, la cada vez mayor fragmentación del parlamento “podría dificultar la aprobación de reformas necesarias para cumplir con los requisitos de los diferentes desembolsos de los fondos NGEU”.