Existe un consenso generalizado en que la recuperación de la inversión privada será uno de los motores clave del crecimiento económico en Europa en los próximos años. Nadie pone en duda que la inversión privada refuerza la competitividad empresarial, impulsa las exportaciones y mejora la balanza de pagos, lo que se traduce en un aumento de la riqueza y una mayor creación de empleo, dos de los pilares fundamentales de nuestro estado de bienestar.
Es evidente que, para llevar a cabo estos proyectos, las empresas necesitan fuentes de financiación. Sin embargo, la elevada dependencia de la financiación tradicional —se estima que solo 3 de cada 10 empresas europeas recurren a los mercados de capitales— puede limitar la capacidad de innovación de muchas de ellas, especialmente de las PYMEs, donde menos del 5% opta por esta vía de financiación.
En este contexto, resulta encomiable la propuesta del Ministerio de Economía de España de crear un laboratorio de competitividad, cuyo objetivo es desarrollar e integrar unos mercados de capitales europeos actualmente infrautilizados. Esto mejorará la disponibilidad de financiación para la tan necesaria innovación.
Los mercados de capitales, en esencia, conectan a inversores con empresas que buscan financiación, con la rentabilidad ajustada al riesgo asumido, es decir, la solvencia del proyecto. Y es aquí donde radica uno de los grandes retos que debemos enfrentar: para que el mercado de financiación alternativa crezca, es imprescindible que los inversores confíen en los activos y proyectos en los que depositan su capital.
En este sentido, aplaudimos que el Ministerio se haya anticipado con la propuesta de crear un mecanismo de armonización de los ratings de crédito para PYMEs. Los ratings de crédito son, al fin y al cabo, la herramienta clave que los inversores utilizan para evaluar la solvencia de los proyectos en los que invierten.
Aunque aún no conocemos todos los detalles de esta iniciativa, estamos seguros de que el Ministerio persigue un doble objetivo. Por un lado, incentivar que más PYMEs se sumen a la obtención de calificaciones crediticias, algo que será indispensable para que puedan acceder a estos mercados. Y, por otro lado, asegurarse de que los procesos de calificación tengan en cuenta las particularidades de este tipo de empresas, diferenciándolas de las grandes corporaciones.
En cuanto a este último punto, algunas CRAs ya nos hemos adelantado y hemos adaptado nuestras metodologías para considerar las características propias de las PYMEs, como su tamaño, la naturaleza de su actividad, su estructura de gobierno corporativo y la tipología de sus fuentes de financiación. Estas metodologías, robustas y validadas anualmente según los estándares de ESMA, garantizan que las calificaciones que otorgamos sean fiables y estén armonizadas a nivel europeo.
Pero además de ello, hay un factor adicional que debemos tener presente. En un entorno financiero cada vez más orientado hacia la sostenibilidad, los inversores ya no se limitan a evaluar la solvencia desde un punto de vista puramente financiero. Ahora también buscan información sobre los riesgos físicos y de transición que pueden afectar a las empresas y que, a medio plazo, pueden tener un impacto significativo en su solvencia. Ignorar estos riesgos podría suponer una barrera de acceso a los mercados de capitales para muchas empresas, y retrasar así los objetivos de innovación y competitividad. Y es aquí donde algunas CRAs nos hemos adelantado nuevamente al integrar estos riesgos dentro de nuestros procesos de calificación.
En definitiva, aunque aún queda mucho por hacer, creemos que el camino hacia un mercado de capitales más accesible para las PYMEs es más corto de lo que podría parecer. Las PYMEs ya cuentan con CRAs especializadas en la medición no solo de los riesgos financieros, sino también de aquellos relacionados con la sostenibilidad. Anticiparse a estos procesos de evaluación les permitirá posicionarse de manera competitiva en un mercado de capitales que, sin duda, crecerá y se consolidará en los próximos años en Europa.